Por Dra. Ingrid Garcés Millas.
El actual desarrollo económico de las sociedades, impulsado principalmente por el progreso tecnológico del último tiempo, unido al reconocimiento de los efectos adversos del cambio climático y la importancia de la mitigación de CO2 en las emisiones, han conducido al desarrollo de vehículos alternativos que tienen menores emisiones de CO2 que los de combustión interna.
Actualmente, el 80% de la población de la región vive en centros urbanos y se llegará cerca del 90% en las próximas décadas. La movilidad urbana es por lo tanto, un factor determinante tanto para la productividad económica de ciudades como para la calidad de vida de sus ciudadanos.
En este contexto, la fiebre internacional en la producción de las baterías de ion litio para vehículos de movilidad eléctrica se ha convertido en punto de atención crítico, no solo por la reducción en las emisiones de CO2 (los países desarrollados necesitan reducir sus emisiones entre 80% a 90% en 2050) y mayor demanda del mineral para baterías estacionarias por el crecimiento de las Energías Renovables, sino que implica una alteración en las condiciones socio ambientales de nuestros entornos.
La presión por aumentar la cuota de extracción de salmueras de litio en ecosistemas tan frágiles y sobre las comunidades circundantes a estas zonas de extracción de recursos, genera fuertes cuestionamientos sobre la sustentabilidad del modelo de desarrollo vigente. El litio de Argentina, Bolivia y Chile concentran más del 80 % de las reservas de litio conocidas en el mundo, es el peso que las comunidades tienen. La defensa del agua es el eje articulador de todas estas demandas, viven en un clima árido, la extracción de litio no sólo requiere la utilización de agua, si no que se pierde por evaporación grandes cantidades producto del proceso, por lo que allí reside una de las principales razones del rechazo a esta minería.
En Chile, la realidad no dista de esta problemática mundial, dado su gran potencial de recursos mineralógicos, puesto que el 52% de las reservas del Li están en el salar de Atacama; que, en casi todos los casos, se le limita a la exportación de simples materias primas o commodities hacia otros países, desaprovechándose la oportunidad de generar productos manufacturados al interior del país.
La demanda global de litio metálico el 2016 fue de 37.800 toneladas, un 13,5% mayor que la de 2015. El uso del litio en baterías subió al 39% del mercado, desplazando al histórico primer lugar al de cerámica y vidrio, y se espera que para 2025 represente más de dos tercios de la demanda, lo que genera un gran atractivo potencial en los salares sudamericanos los que poseen costos competitivos y gran disponibilidad de recursos.
Los desafíos a que se enfrenta Chile, requieren de un análisis más urgente para el país y los sueños para diversificar la industria del litio son la mejor ventaja económica, minimizando los impactos ambientales, la amenaza a las comunidades y la poca capacidad del gobierno en la fiscalización por incumplimiento de sus contratos. Producto de esto último, tenemos un juicio arbitral Corfo-Soquimich (administración anterior a Bitrán).
Por otra parte, existen graves denuncias en la Superintendencia del Medioambiente, por manipulación de alerta temprana a las lagunas aledañas al Salar.
¿Está Chile preparado para vencer los obstáculos que representan diversificar la industria del litio? La gobernanza de los salares es un tema prioritario. Si pensamos en el comportamiento ético y moral que ha sostenido SQM hasta la fecha, y por otra la negligencia estatal que queda en evidencia recientemente por la comisión investigadora sobre el daño ambiental en Salares, Glaciares y Cuencas Hidrográficas, a la hora del cuidado de los recursos naturales, especialmente los hídricos.
Cómo podemos presentarnos si se exige protección de los ecosistemas y al recurso agua, y en respuesta se han apropiado. Los incumplimientos de SQM en perjuicio del fisco también apuntan al rol del Estado, y los prácticamente 29 años de vista gorda en torno a las actividades realizadas en el Salar de Atacama.
Corfo tiene dos contratos con SQM. Uno de proyecto que establece el marco de la asociación para la explotación del salar y tienen como fecha de término el 2030; el otro de arrendamiento. Pero en la práctica, y a través de una serie de maniobras legales que van contra cláusulas de los contratos celebrados con SQM, esta logró obtener para sí, y en perjuicio del proyecto en el Salar de Atacama, derechos de agua y concesiones mineras que hacen inviable la explotación del lugar a cualquiera que no sea dicha compañía.
¿Cuánto son los impuestos que pagan estas empresas?
Las empresas productoras que operan en el Salar de Atacama pagan un impuesto específico (royalty) que es cobrado trimestralmente y corresponde a un 6,8% de las exportaciones de litio (carbonato, cloruro, hidróxido). Adicionalmente, SQM paga 15.000 dólares anuales en concepto de arriendo de las pertenencias ($780.000 mensuales). La explotación en Atacama establece a su vez el pago de royalty por extracción de otros minerales tales como potasio, ácido bórico, magnesio, entre otros, los cuales van de un 1,8% – en el caso de potasio, boro y sulfato – a un 10% por magnesio (que es vendido conjuntamente por SQM y Albemarle).
