El pasado miércoles 03 de junio, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, junto con los Ministro de Hacienda, Ignacio Briones y Economía, Lucas Palacios, promulgó la Ley de Portabilidad Financiera, la cual permitirá que las personas, las micro y pequeñas empresas puedan cambiarse con mayor rapidez y facilidad de proveedor de productos como cuentas corrientes, tarjetas de crédito y préstamos hipotecarios, de consumo y automotrices.

“Hace ocho años estábamos promulgando la Portabilidad Numérica, que sin lugar a dudas transformó el mercado de las telecomunicaciones y que se tradujo en beneficios directos a los clientes. Hoy escribimos un capítulo más en la senda de aumentar la competencia y la protección de los consumidores del sistema financiero: estamos promulgando reglas y plazos claros para que los chilenos y chilenas puedan con mayor libertad trasladar sus productos financieros a otras entidades con mejores condiciones crediticias”, destacó el Ministro de Hacienda, Ignacio Briones.

Explicó que la nueva ley regula y transparenta los procesos de portabilidad, especificando los pasos a seguir, plazos, e información a entregar. De esta manera, los clientes podrán decidir si cambiarse o no a una nueva institución financiera, conociendo de antemano los plazos, etapas y el funcionamiento del proceso.

 

 Alivio de costos

El anunció que fue valorado por las autoridades locales, siendo en este caso el Asesor de Hacienda en la región de Antofagasta, Pablo Castillo, quien además detalló que la Portabilidad Financiera permitirá a las personas aliviar los costos de refinanciamiento de los créditos hipotecarios, disminuyéndolos hasta en un 60%, y disminuyendo los tiempos de tramitación en cerca de 40%.

“Por ejemplo, para un crédito hipotecario de 1.000 UF, actualmente el costo de refinanciar es $ 700.000. Con la Portabilidad Financiera este trámite costará $ 280.000, es decir, un ahorro de más de $ 400.000. Además, se eliminan trámites asociados y si antes este proceso tomaba alrededor de 75 días, con la ley se demorará aproximadamente 30 días menos”, indicó Castillo.

 

La autoridad explicó que para hacer uso de la portabilidad las personas tienen dos caminos: uno, ponerse en contacto con las diversas entidades financieras que existen, haciéndoles saber que están interesados en trasladar sus productos e indicando cuál es su institución financiera actual. En este caso, serán los potenciales nuevos proveedores los que obtendrán desde su institución actual su certificado de liquidación y le harán llegar ofertas que compitan con sus productos vigentes.

La segunda alternativa es que la misma persona solicite un certificado de liquidación, que no tiene costo, a su institución financiera actual y la comparta con los potenciales nuevos proveedores para que le hagan llegar ofertas, para luego elegir la alternativa más conveniente. El nuevo proveedor se encargará de cerrar los productos con el actual proveedor y de abrir todos los productos que haya elegido la persona.

“Con la Portabilidad Financiera se agrega un valor esencial a una economía social de mercado, porque le da mayor legitimidad al impulsar la competencia entre los distintos actores del sistema financiero. Con este elemento, se promueve que los consumidores puedan acceder a mejores productos y a menor costo, sin olvidar que se fomenta la innovación al tener un ecosistema competitivo”, precisó Castillo.

Quien además se refirió a la promulgación de la nueva ley, fue el Seremi de Economía Ronie Navarrete, quien comentó sobre el positivo de esto, al beneficiar a un universo de 13 millones de chilenos que cuentan con algún producto financiero. “Quiero resaltar el trabajo legislativo que realizaron los parlamentarios de las comisiones de Economía de la Cámara y del Senado, por su valioso aporte en la discusión de esta ley y por mantener siempre una actitud constructiva respaldando decididamente esta iniciativa, a través de la cual estamos avanzando hacia una cancha más pareja, fortaleciendo la competencia y la inclusión financiera del país”, señaló la autoridad local.

 

Esta nueva ley junto con otros proyectos que está impulsando el Ministerio de Hacienda en el Congreso tales como el de las nuevas exigencias de transparencia y reforzamiento de responsabilidades de los agentes de los mercados, entre otros, apuntan a desarrollar un sistema financiero más transparente y competitivo.