Por José Luis González Varas, periodista.
Tan universal como el inglés en el idioma y el lenguaje, es el desplome de la confianza en las instituciones, la cual cayó estrepitosamente en la última década y su desescalada, fundamentada por la notoriedad que le dan los medios de comunicación y las redes sociales, se ve en franca deriva.
Si bien es cierto, como en todo orden de cosas, en esto pagan justos por pecadores. Está escrito a fuego que a las instituciones las hacen las personas, considerando que estas últimas pasan y el prestigio – o desprestigio – en las organizaciones queda.
No es ningún secreto la magnitud de los antecedentes proporcionados y popularizados a través del Programa de Opinión Pública del Centro de Estudios Públicos (CEP) de Fundación Chile 21 y diversas encuestas nacionales, que reflejan el respeto y la credibilidad que ostentaban hace una década las instituciones permanentes del estado, versus el descontento, disconformidad y falta de representatividad que actualmente existe en la población hacia las cúpulas de las Fuerzas Armadas, de orden y seguridad pública. A ellas, se suman los mismos sentimientos de desestimo a la Iglesia Católica, entidades judiciales y políticas – junto a la clase política – el congreso y los tribunales de justicia.
El 2019, marcó un antes y un después en la sociedad chilena, estallando en las calles, años de sensaciones de injusticias, vulneraciones, abusos y castigos, gritando al mundo las iniquidades del sistema. Fue desde entonces, que se comenzaron a evidenciar grotescamente las estrepitosas bajas en la popularidad y afecto de la gente en instituciones que otrora, gozaban de garbo, prestigio, confianza y credibilidad casi dogmática en la mayoría de la población.
En este escenario, los estudios indican que la institución de las carabinas cruzadas pasó de ser una de las organizaciones con mayor respaldo ciudadano, posicionada en ese entonces en un 61% de aprobación, a tener tan sólo un 38% de apoyo popular en la actualidad. Esto, reflejado en los casos de irregularidades develados y de abusos de poder viralizados cada vez con mayor frecuencia en redes sociales, los cuales generalmente concluyen con la desvinculación de los involucrados. Al menos así lo informan desde el alto mando institucional.
Asimismo, las Fuerzas Armadas en su conjunto, pasaron de tener un 60% de respaldo a su misión, a un 36% de aprobación en la actualidad, por hechos conocidos públicamente y que en su momento vincularon al ejército con irregularidades en el uso de fondos de la Ley Reservada del Cobre y cuyo monto superó los $5 mil millones. A lo anterior, se suman las imágenes difundidas durante el estallido social donde los uniformados – obedientes y no deliberantes – hicieron uso de elementos disuasivos, obteniendo aplausos de unos sectores y ferviente rechazo de otros.
La Iglesia Católica, por su parte, llevaba años acumulando lejanía y críticas en la fe de los chilenos y el mundo, cosechando un 20% de aprobación en la actualidad, versus un 45% de antaño, producto de los hechos de connotación sexual perpetrados por el expárroco Karadima y los encubrimientos relacionados a estos. Desde entonces, son varias las acusaciones imputadas a sacerdotes – diocesanos y jesuitas – involucrándolos con abusos a menores y situaciones alejadas de sus prédicas.
En tanto, el Congreso y la clase política en general, que llevaban años esmerándose en ganarse el premio limón, con una notable falta de representatividad y privilegios sociales y económicos al que sólo los políticos tenían acceso, llevó a su institucionalidad a caer de un 28% a un 10% de aprobación por parte de la ciudadanía en la actualidad. Esto se ve reflejado en las asignaciones, la crítica en la dieta parlamentaria, el despacho de leyes en medio de protestas de grupos y sectores ambientalistas, además de los bullados casos de Penta, SQM y Corpesca, donde algunos políticos recibieron aportes irregulares para sus campañas. Todo ello y más, contribuye al caldo de cultivo de decepción en las personas, reflejada en la escasa asistencia y participación de los ciudadanos para acudir a las urnas en los diferentes procesos eleccionarios, descontento que ha sido transversal a los partidos políticos y al gobierno de turno.
Finalmente, los Tribunales de Justicia no se quedan atrás en este retroceso de aprobación popular, retrocediendo de un 23 a un 15% de respaldo popular en la actualidad, lo que se explica por el dilatado conflicto en la Araucanía, la crisis de inseguridad reinante en el Chile de hoy y la disconformidad de las miles de víctimas, por las penas falladas a criminales imputados por delitos de alta connotación, lo que hace que hablar de “la puerta giratoria” no sea un mito, sino que una angustiante realidad.
Cuando pagan justos por pecadores, las instituciones deben cuidar comunicacionalmente el capital reputacional que representa su imagen pública, dado que los medios de comunicación tienden a disminuir la confianza en las instituciones, toda vez que se focalizan en los aspectos negativos de las mismas. No obstante, como ciudadanos, sólo queremos volver a confiar, dado que la confianza en las instituciones es una condición fundamental de las democracias y en la cual radica la legitimidad de nuestros derechos y deberes.
